Hace algunos días, mientras escuchaba a un familiar preguntarse ¿por qué si nos van a clavar una nueva reforma tributaria, no había gente en la calle protestando y haciendo daños? Esta fue mi respuesta.
En abril del 2021, el gobierno del expresidente Ivan Duque, en cabeza de su ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso una reforma tributaria que días después provoco un estallido social sin precedentes y si bien, esta fue solo la gota que derramo el vaso de un pueblo indignado y sin oportunidades, esta reforma se interpretó en diversos sectores sociales como un ataque contra la clase media colombiana.
El pasado 8 de agosto, una vez posicionado Gustavo Petro como presidente de la república, se radicó en el congreso una nueva reforma tributaria. La cual comparte el mismo objetivo de la reforma del gobierno saliente, recaudar aproximadamente 25 millones de pesos para subsanar el déficit fiscal y financiar programas de asistencia social. Sin embargo, el camino para su consecución tiene grandes diferencias.
En el presente artículo se pretende explorar algunas de estas y la naturaleza social de cada una de las reformas. Además, se analiza cuáles serian los efectos de una y otra sobre las clases sociales menos favorecidas.
En este sentido, un primer punto a comparar es el monto mínimo sobre el cual los ciudadanos deberán comenzar a pagar más impuestos. En la reforma de Ivan Duque, este monto se fijó en 2.4 millones. Por su parte, en la reforma del gobierno Petro este monto se fija a partir de los 10 millones, es decir, todo aquel que gane menos diez millones de pesos mensuales no estará obligado a pagar más impuestos.
El punto anterior, el cual fue el más polémico de la reforma presentada en el 2021, denota claramente los lineamientos sociales de una y otra reforma. Por un lado, se vislumbró como un ataque contra la clase media colombiana, por el otro, como un gravamen a las clases altas que solo representan aproximadamente el 2% de la población.
En este marco, si se habla de aumentar la base fiscal para subsanar programas de asistencia social, la reforma de Duque, acrecentaría a toda luz la desigualdad social, pues empobrecería a la clase media. La cual oscila en un porcentaje cercano al 28% de la población. Por su parte, la reforma del gobierno Petro descarta a este 28% más el 48% perteneciente a la clase baja y solo se concentra en la clase alta para recaudar los recursos necesarios para crear oportunidades que disminuyan significativamente la desigualdad.
Un segundo punto importante a comparar tiene que ver con que en la reforma que pretendía radicar el gobierno Duque, el 74% del recaudo provendría de personas naturales y tan solo un 26% de impuesto a las empresas. Las cuales, cabe acotar, son las principales beneficiadas con exenciones fiscales y las principales evasoras dentro del regimen tributario.
Para ello, en la reforma presentada el pasado 8 de agosto por el ministro de hacienda Ocampo, se propone nuevas herramientas administrativas y una modernización de la DIAN que permita reducir al máximo posible los 50 billones que se evaden anualmente dentro del territorio nacional.
Y si bien, la reforma presentada por el equipo de Gobierno del presidente Petro, no estipula aumentar los impuestos para las empresas que sostiene el aparato productivo del país, si propone retirar temporalmente algunos beneficios que complemente el recaudo necesario.
Una última diferencia entre ambas reformas gira, en torno, a algunos impuestos inexistentes en la reforma de Duque que, aparte de generar un porcentaje significativo en el recaudo, también generan un impacto positivo sobre la salud de los colombianos. Estos son: el impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas y el impuesto a las emisiones de carbono. Ambos presentes en la reforma en trámite.
Ahora bien, expuesta las diferencias y a manera de conclusión, se explorará brevemente la naturaleza de ambas reformas.
La primera era una reforma que atacaba a toda luz la clase media colombiana, y que tiene como consecuencias el empobrecimiento de esta y el acrecentamiento de la desigualdad. Y que aparte de ser una reforma descontextualizada socialmente, también invisibilizo problemas centrales como la gigantesca evasión anual y las exenciones tributarias desmedidas a grandes grupos económicos dueños de la mitad del país.
Por su parte, la reforma del gobierno entrante posee un gran contexto social, ambiental y económico, pues reconoce que el recaudo solo debe salir de las clases altas y de los grandes empresas que han disfrutaba por años altos beneficios tributarios. Además, reconoce la necesariedad de impuestos ambientales como el impuesto a los combustibles fósiles y a las emisiones de carbono y finalmente es una reforma pensada para disminuir la evasión y crear una Colombia más justa.
