El pasado lunes escuchaba afirmar al presidente de la republica Iván Duque, que la cuarentena se alargaría con el único objeto de “salvar vidas”, si bien, es una decisión que le da otras dos semanas al saqueado y deteriorado sistema de salud colombiano para ampliar su preparación y su número actual de unidades de cuidados intensivos y de esta manera reducir el numero de fallecimientos una vez el virus alcanza su pico máximo, hay que reconocer dos cosas, la primera es que el  virus ya circula entre nosotros y por mas que se alargue la cuarentena  mientras no exista una vacuna, tendremos que convivir con este. Y la segunda es que vivimos en un país donde esta intencionalidad de salvar vidas por parte del gobierno nacional aplica solo en ciertas condiciones.

Pues solamente en lo corrido de este 2020, han sido asesinados en Colombia según cifras de la corporación Indepaz alrededor de 71 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además del asesinato de 22 desmovilizados de las Farc.

Aún más preocupante se torna el hecho de que esta cuarentena, el pánico y los mares de información alrededor de la pandemia están siendo aprovechados por las estructuras criminales para ampliar estas cifras.

El primero de los asesinatos en medio de esta coyuntura se registró el ocho de marzo.  La víctima fue Alexis Vergara  un joven líder afrodescendiente participante activo e hijo del director de un sindicato de trabajadores de los ingenios azucareros del Norte del Cauca que luchaba junto a su padre por los derechos de sus colegas.

El segundo y quizás más mentado ocurrió el 19 de marzo, la victima esta vez fue Marcos Rivadeneira, un líder social del Putumayo el cual a lo largo de su vida había ocupado varios roles importantes para el desarrollo de su comunidad. Marcos fue presidente de varias juntas de acción comunal de distintas veredas, vocero departamental del proceso nacional de garantías, delegado ante la plataforma de derechos humanos y líder de procesos agrarios en su departamento. Sin embargo, tristemente hace casi dos semanas dos sicarios acabaron con lo que había sido una vida dedicada al desarrollo y la defensa del territorio

El tercer asesinato, se perpetro ese mismo 19 de marzo en horas de la mañana en el Oriente Antioqueño, esta vez la victima fue el presidente del concejo de San Francisco, Ángel Ovidio Quintero, quien por varios años había liderado distintos procesos para el desarrollo de su municipio.

Lo mas preocupante de este último asesinato es que según advierten algunas organizaciones sociales el conflicto armado en estos territorios del oriente Antioqueño que, en otrora, fue tan golpeado, esta por resurgir pues se advierte la presencia de disidencias de las farc, miembros del ELN y grupos paramilitares.

Asi como Marcos, Ángel y Alexis, desde que se firmaron los acuerdos de paz han sido asesinados más de 323 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La mayoría en zonas rurales con índices de pobreza preocupantes y con evidencias de múltiples violencias endógenas.

A estas cifras se le suman los más de 2.248 víctimas de falsos positivos en el país y las muertes por desnutrición en diferentes departamentos que sufren el abandono estatal.  En este marco, las preguntas aquí son cuatro.

¿Por qué con respecto a los lideres sociales, los campesinos asesinados por el ejército y los niños que mueren a diario de desnutrición el objetivo no es también “salvar vidas”? ¿acaso las muertes por Covid-19 son mas importantes que las presentadas a diario por la violencia que regresa al Cauca a Nariño y a Bojayá? ¿Por qué no existen garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en el territorio? ¿acaso nos enfrentamos ante la posibilidad de un estado cómplice?